El papel que juega Atticus en la película es claro: es el abogado defensor de un
hombre afroamericano que ha sido acusado de abusar sexualmente de una joven blanca.
Si se le diera una mirada superflua, no nos parecería nada raro que, dada las condiciones
en las que se desarrolla el juicio, el resultado pudiera ser la condena o la absolución del
imputado. Pero debemos tener presente que Atticus es un abogado del Sur de los Estados
Unidos, en la década del 30, que se desenvuelve en una comunidad marcada por los
prejuicios raciales. Con este antecedente el panorama cambia; ahora no sería para nada
sorprendente que, incluso con un procedimiento judicial llevado a cabo de manera correcta,
el resultado sea desfavorable para el acusado. Y eso es precisamente lo que ocurre: Tom
Robinson termina siendo condenado, pese a que Atticus ha podido demostrar su inocencia.
Lo anterior nos muestra un tribunal que ha ignorado las pruebas y con ello
desatendido el mérito del proceso y ha fallado arbitrariamente, basado en los prejuicios.
Este Tribunal no ha hecho justicia, muy por el contrario, ha creado una injusticia, cuando
su deber es precisamente corregirlas y establecer el imperio del Derecho.
Esto es
precisamente lo que ocurrió hace algunos años en nuestro país, cuando el Estado de Chile,
actuando a través del Poder Judicial, privó a una madre el detentar la tuición de sus hijas,
fundado su decisión en la homosexualidad de esta. Lo anterior derivó en una demanda
contra el Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso
“Atala Riffo y niñas vs. Chile”, donde se sentenció por la Corte “que el Estado de Chile es
responsable internacionalmente al violar el derecho a la igualdad y la no discriminación en
perjuicio de Karen Atala y de sus hijas menores, el derecho a la vida privada en perjuicio
de Karen Atala, el derecho a ser oído en perjuicio de las niñas M., V. y R.” entre otros.
El caso llevado contra el Estado de Chile tiene dos aspectos, de los cuales solo
analizaremos el primero de ellos. En primero consiste en un juicio de tuición que, a la postre,
radica la tuición de las hijas de Karen Atala en el padre de ellas, y el segundo en un proceso
disciplinario instruido en su contra en su calidad de Jueza de la República.
El caso, en
síntesis es el siguiente:
Karen Atala contrajo matrimonio con Ricardo López en 1993, producto del cual
nacieron tres hijas. Dicho matrimonio concluyó en el año 2002, quedando Karen con la
tuición de las niñas, por mutuo acuerdo. En ese mismo año, la pareja de Karen se mudó
con ella y las niñas.
El año 2003, el padre de las niñas demandó la tuición de sus hijas, por considerar
que la madre de estas no se encontraba capacitada para velar por ellas, dado que “su
nueva opción de vida sexual sumada a una convivencia lésbica con otra mujer, est[aban]
produciendo […] consecuencias dañinas al desarrollo de estas menores [de edad]”.
Paralelamente, en el marco de este procedimiento, el padre demandó la tuición provisoria
de las niñas.
El Juez Titular del Juzgado de Letras de Menores de Villarrica concedió la tuición
provisoria, decisión que no fue confirmada por la Jueza Suplente del mismo Tribunal quién,
ante la inhabilitación del titular, resolvió que “la orientación sexual de la demandada no
representaba un impedimento para desarrollar una maternidad responsable, que no
presentaba ninguna patología psiquiátrica que le impidiera ejercer su “rol de madre” y que
no existían indicadores que permitieran presumir la existencia de causales de inhabilidad
materna para asumir el cuidado personal de las menores de edad.” Esta decisión fue
confirma por la Corte de Apelaciones de Temuco.
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia, conociendo un recurso de queja contra
los Ministros de la Corte de Temuco, revocó la decisión de esta Corte, concediendo la
tuición de las niñas a su padre. La Corte fundó su decisión en que las niñas, al vivir en un
hogar homosexual, serían victimas de discriminación social; que Karen Atala había
priorizado sus intereses ante los de sus hijas, por hacer pública su homosexualidad, y que
“los jueces recurridos fallaron en “no haber apreciado estrictamente en conciencia los
antecedentes probatorios del proceso” y al “haber preterido el derecho preferente de las
menores a vivir y desarrollarse en el seno de una familia estructurada normalmente y
apreciada en el medio social, según el modelo tradicional que le es propio, ha[bían] incurrido
en falta o abuso grave, que debe ser corregido por la vía de acoger el presente recurso de
queja”.
Estas consideraciones de la Corte Suprema llevaron a Karen Atala a recurrir ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y finalmente, ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, la cual, en el año 2012, condenó al Estado de Chile.
Si bien el caso anterior podría considerarse distinto con lo plasmado en Matar a un
ruiseñor lo cierto es que ello no es así. En ambos casos se presenta a un Tribunal que
funda su decisión no en los hechos y evidencias, sino en los prejuicios. En el caso de Tom
Robinson se trata de los prejuicios raciales en una sociedad marcada por este tipo de
conductas, mientras que en el caso de Karen Atala se trata de una sociedad poco tolerante
con las minorías sexuales. Este prejuicio se traduce en decisiones que son manifiestamente
irracionales, arbitrarias e injustas, las cuales hacen que sintamos desconfianza –totalmente
justificada- de la Justicia. Lo cierto es que, en ambos casos, el Abogado, ante esta injusticia
causada por los mismos que son llamados evitarla, sigue buscándola: Atticus se muestra
optimista ante una eventual apelación; los abogados del caso Atala recurrieron hasta la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, obteniendo esa anhelada justicia finalmente.
El caso ocurrido en Chile, de largo aliento, tuvo una solución que demoró bastante
tiempo, pese a ser la adecuada. Robinson tuvo una suerte distinta, como ya lo sabemos.
Pero esa suerte podría haber sido la misma de Karen Atala, o de muchos otros que, ante
errores tan graves como este, podrían haber perecido ante la desesperación ante la
injusticia.
Es por ello que el Abogado debe actuar tan fielmente como lo hizo Atticus,
manteniendo siempre ese respeto ante los Tribunales, pero no siendo fanático. Asumiendo
que los jueces son personas que, aunque no lo queramos, pueden cometer errores y
dejarse llevar por los prejuicios. Y por ello es que el deber ser del Abogado consiste siempre
en actuar como un auxiliar de la Justicia, pese a que ella no llegué rápidamente. Debe
recurrirse siempre agotando todas las instancias posibles. Es lo que realizó Aticcus, es lo
que realizaron los abogados de Karen Atala.
